Información de agencia EFE, Mar-07-2023.
Tegucigalpa, 7 mar (EFE).- El Gobierno nicaragüense, a través del Ministerio de Gobernación, aprobó este martes la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua, la pastoral social de la Iglesia católica.
La cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua fue acordada por "disolución voluntaria de miembros" y aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
Cáritas de Nicaragua tenía su estatus legal desde el 30 de noviembre de 1994 y era presidida desde el 15 de diciembre de 2021 por monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de la diócesis de León y Chinandega (noroeste).
Según la cartera de Gobernación, Cáritas de Nicaragua solicitó la cancelación de su personalidad jurídica "por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo", acordada de forma unánime por sus miembros, en una sesión extraordinaria celebrada el 31 de enero pasado.
Es decir, esa solicitud fue hecha en el marco de una masiva ilegalización de ONG nicaragüenses y extranjeras por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega.
También en el contexto de los roces entre el Ejecutivo sandinista y la Iglesia católica nicaragüense, que incluye el arresto del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados "traición a la patria", tras negarse a ser desterrado.
Asimismo, el Ministerio de Gobernación aprobó la cancelación, también por disolución voluntaria, de la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega (Cáritas Jinotega), inscrita desde el 22 de septiembre de 2006.
Esa cartera explicó que Cáritas Jinotega, que dirigía el obispo de esa diócesis y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, acordó la cancelación de su personalidad jurídica "por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo por decisión unánime por sus miembros" en una sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre pasado.
CÁRITAS DE NICARAGUA HABÍA DENUNCIADO UN BLOQUEO ADUANERO
Cáritas de Nicaragua, que se presenta en su página web como el brazo social de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, había denunciado el bloqueo aduanero que el Gobierno de Ortega había impuesto a la pastoral desde 2019, impidiendo la recepción de donaciones del exterior.
En 2015, Cáritas de Nicaragua ganó el Premio Internacional de Mujeres Cultivadoras del Desarrollo, por su acción social caritativa y promoción del desarrollo, un premio dotado de 10 millones de euros (10,6 millones de dólares).
El pasado 21 de febrero, el presidente Ortega calificó de "mafia" a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.
Ortega ha llamado "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
El líder sandinista también los ha calificado de "golpistas" y los ha acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
La Policía Nacional, cuyo jefe supremo es Ortega, prohibió a la Iglesia católica nicaragüense celebrar las procesiones de viacrusis durante la Cuaresma y la Semana Santa de este año.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 44 años.
La segunda información también procede de agencia EFE, Mar-07-2023.
Siga @secretummeumTegucigalpa, 7 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este martes otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), ambas registradas como asociaciones, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
Según el acuerdo de la cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, las asociaciones de ambas universidades incumplieron con las leyes que las regulan.
Entro otros mencionó que no están acreditadas en los indicadores de calidad, que no reportaron sus estados financieros y sus juntas directivas, y no presentaron aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos, ni aumentos y disminución en cuentas sin justificar.
La Universidad Juan Pablo II, inscrita desde el 26 de agosto de 2004, tiene su sede en Managua y sucursales en Chontales (centro), Matagalpa (norte) y Granada (suroeste).
En tanto, la UCAN, inscrita desde el 17 de junio de 2002, tiene su sede en León (noroeste) y sucursales en Chinandega (también noroeste), Estelí y Matagalpa (norte), Chontales (centro) y Masaya (suroeste).
ORDENAN ENTREGA EXPEDITA Y ORDENADA
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista y ha petición del Ejecutivo, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
Los otros cinco centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
El rector de una de las universidades canceladas, Adrián Meza, ha denunciado desde el exilio que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de los centros de estudios superiores.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.
