Monday, December 19, 2022

P. Hans Zollner S.J.:“La forma en que se ha gestionado el caso Rupnik es tan grave que hay que extraer lecciones para el futuro"


Eva Fernández, la corresponsal en el Vaticano de Cope, entrevista al P. Hans Zollner S.J. (foto), miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, sobre el caso del P. Marko Rupnik.

—¿Por qué tan poca transparencia en el modo de comunicar? ¿A qué cree que es debido?

No conozco las razones o los motivos de la poca transparencia. Tan solo puedo hacer hipótesis. Pueden partir desde una errónea comprensión de la importancia de la protección de los datos y de los derechos a la intimidad de la persona, hasta el hecho de que alguno quisiera hacer un favor a alguien. Es muy frustrante darse cuenta de que a pesar de todo lo que ha sucedido, lo que se ha discutido, debatido y reflexionado en términos de abuso y su prevención, todavía no hemos avanzado.

—El departamento que usted dirige en la Universidad Gregoriana ha trabajado exhaustivamente en la prevención y en especial en la toma de conciencia sobre el tema de los abusos. ¿Qué ha ocurrido para que los jesuitas no hayan actuado con la necesaria transparencia en este caso?

Me afecta mucho darme cuenta de que la falta de transparencia y de coherencia existe no solo fuera sino también dentro de la Compañía de Jesús, a la que pertenezco. Solo puedo especular sobre las razones internas y externas que le han llevado a actuar así.

—Los abusos del padre Rupnik implican a mujeres adultas vulnerables consagradas. Desde un punto de vista canónico parece como si este tipo de abusos fueran considerados como de «segunda categoría» (tratando solo, parece, la absolución del cómplice y dejando de lado la vejación física, psicológica y espiritual que sufrieron estas mujeres). Todo apunta a que se debe poner más atención a los casos de abusos a mujeres adultas vulnerables...

Se puede tener esta impresión y es terrible. En cierto sentido, parece que se está repitiendo lo que sucedió también cuando se descubrieron los casos sobre abusos a menores: de forma gradual la Iglesia está comprendiendo lo profundo que puede resultar el trauma, y no solo cuando se es menor.

—Usted ha señalado al Dicasterio de Doctrina de la Fe como el organismo que debería aclarar lo ocurrido. Sabemos que DDF nunca se pronuncia, siendo un tribunal. Por lo sucedido hasta el momento, se desprende que la Compañía de Jesús era quien tenía que haber dado ese paso. ¿Qué tipo de enseñanza podemos aprender de este caso para conseguir esta transparencia que tanto necesitamos?

En mi opinión, la forma en que se ha gestionado el caso Rupnik desde los años 90 es tan grave que es necesario extraer lecciones y conclusiones apropiadas para el futuro.

Primero: desde hace años muchas personas piden que se publiquen las razones de los veredictos a los que llega la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin jurisprudencia es imposible conocer qué criterios se han adoptado y la impresión que se tiene —también por parte de obispos y provinciales— es que no hay equiparabilidad entre los juicios.

Segundo: se necesita un organismo independiente al que puedan dirigirse las víctimas y que esté dotado de personal suficiente y preparado. Debería tener la competencia necesaria para iniciar e implementar cambios fundamentales y de gran alcance en la gestión de casos como el del padre Rupnik.

En tercer lugar, y esto también tiene una aplicación directa hacia mi persona: ¿Cómo pueden las personas heridas estar seguras de que se las toma en serio y se les escucha? A mediados de junio de 2022 me reenviaron por correo electrónico la «carta abierta» de una víctima, en la que se habla de un procedimiento legal en curso en la Iglesia. La carta está dirigida directamente al superior general de los jesuitas, padre Sosa. Además de mí, otras 17 personas estaban en copia: cardenales, arzobispos, obispos, provinciales y superiores con papeles de responsabilidad canónica en relación con el padre Rupnik.

Como muchas víctimas de abusos en todo el mundo saben, siempre respondo a las comunicaciones que se me hacen personalmente, aunque en mi posición y ante las demandas que llegan a diario a menudo no puedo hacer otra cosa que dar acuse de recibo, escuchar en la medida de lo posible y redirigirlo a las autoridades competentes. Pero este caso me demuestra que debo ser aún más atento y sensible.

—Hablando de víctimas, en el caso del padre Rubnik se ha hablado poco de ellas. ¿No supone una forma más forma de incrementar su dolor?

Las víctimas afectadas y heridas por el padre Rupnik necesitan respuestas claras a las peticiones de justicia, reparación, y —cuando sea posible— sanación. El reciente anuncio de parte de padre Verschueren invitando a las víctimas a enviar denuncias es un paso adelante en el camino hacia la transparencia y el escucha.

—Los delitos cometidos en 2021 por el padre Rupnik dijeron que estaban prescritos. ¿Por qué no se derogó la prescripción dado que se sabía que dos años antes había sido condenado (levemente) por delitos similares? ¿Cómo pueden obtener justicia las víctimas con estas decisiones?

No lo sé. Solo sé que la poca transparencia y las preguntas abiertas, las imprecisiones y las contradicciones prolongan el sufrimiento de las víctimas. Ni se puede ni se debe seguir así.

—Hay quien piensa que la presión de los medios ha sido la causa de que la Iglesia se implique más en poner fin al problema de los abusos. Quizás ganaríamos todos si los periodistas dejaran de ser considerados un peligro para convertirse en una ayuda a la hora de acabar con esta lacra.

Los medios de comunicación contribuyen de forma importante a garantizar que los abusos dentro de la Iglesia se aborden de forma adecuada. Sin la presión de la opinión pública, existe el riesgo de que las instituciones, como la Iglesia, eviten este tema difícil e intenten trivializarlo. Por amor a la transparencia y a la justicia, necesitamos a quienes nos hacen llegar la voz de las personas heridas por los abusos.

Sancionado anterior obispo de Cayena, Guayana Francesa


Muy activo en el sínodo para la Amazonía (de paso, el video de Vatican News en el cual aparecía en la conferencia de prensa de la 1ª Congregación General ha desaparecido), le fue aceptada su renuncia apenas cumplió los 75 años y ni un día más, es decir en 2020. No sabemos si para esas fechas ya en el Vaticano sabían algo y por eso la premura en aceptarle la renuncia, el caso es que en Abril de 2021 el propio Vaticano le abrió una investigación y hoy se ha sabido de las sanciones impuestas a Emmanuel Lafont, anterior obispo de Cayena, Guayana Francesa, a quien no podemos decir obispo ni tampoco emérito. Eso sí, echado del estado clerical, no, eso se queda para casos gravísimos, como por ejemplo...

Información de agencia AFP, Dic-19-2022.

El exobispo de Guyana Francesa Emmanuel Lafont fue sancionado en octubre por el Vaticano, que lo obligó a abandonar todas sus actividades, y se encuentra bajo arresto domiciliario en la Francia continental, informó el Vaticano el lunes, confirmando una información del periódico francés La Croix.

Lafont, que fue obispo de este territorio de ultramar francés entre 2004 y 2020, «tiene prohibido ejercer cualquier actividad pastoral, llevar su insignia episcopal, entrar en contacto con sus conocidos de Guayana Francesa así como con jóvenes emigrantes», confirmó a la AFP la Conferencia Episcopal Francesa (CEF).

Actualmente se encuentra «bajo arresto domiciliario en un monasterio de la Francia continental». La sanción fue pronunciada por los servicios vaticanos en octubre de 2022, según La Croix. La CEF indicó a la AFP que la investigación canónica, abierta en abril de 2021, había sido «a causa de rumores y acusaciones formuladas contra él en relación con actitudes inapropiadas hacia adultos», sin más detalles.

Contactado por la AFP, el Vaticano no quiso pronunciarse. La CEF también confirmó el lunes a la AFP que se había abierto una investigación civil contra el eclesiástico. Por otra parte, el fiscal a cargo en Guayana Francesa, Yves Le Clair, confirmó a la AFP la apertura de una investigación preliminar contra el antiguo obispo por «tráfico de seres humanos con agravantes», «ayuda a la residencia ilegal» y «abuso de confianza con agravantes» sobre un joven emigrante de origen haitiano.

Lafont está acusado de haberle dado cobijo en la casa episcopal a cambio de favores sexuales, según el magistrado, que precisó no obstante que «todavía hay que realizar investigaciones».