Este es un artículo de Acistampa, May-14-2021. Traducción de Secretum Meum Mihi (con adaptaciones).
Anuario pontificio, ¿qué fin ha tenido la “Comisión de Sanidad” del Vaticano?
Los nuevos miembros fueron nombrados en junio de 2020. Pero en el anuario pontificio no hay rastro de la comisión, que también se considera un organismo de la Curia.
Por Andrea Gagliarducci
CIUDAD DEL VATICANO, 15 de mayo de 2021 (ACI Stampa).- Se constituyó la Comisión Pontificia para las Actividades del Sector Sanitario de las personas jurídicas públicas de la Iglesia como órgano de la Curia, y con su propio reglamento. Sus miembros fueron renovados en junio de 2020, por un período de tres años, según los estatutos. Sin embargo, no hay rastro de esta comisión en el Anuario Pontificio 2021, ni tampoco en la página del sitio web de la Curia Romana del Vaticano, donde entre otras cosas también está la Red Mundial de Oración del Papa, recientemente establecida como fundación de derecho pontificio (en honor a la verdad, la comisión se encuentra en las páginas internas).
Entre las curiosidades, nombramientos y ausencias del anuario pontificio, destaca la ausencia de esta comisión constituida a finales de 2015. El objetivo de la comisión era fungir como control y vigilancia sobre cómo las estructuras sanitarias gestionadas por las congregaciones religiosas manejan el dinero y los bienes.
La comisión surge cuando hay varios casos que gestionar. El más importante que se conoce es el del crack del IDI, el Instituto Dermopático de la Inmaculada, que se había encontrado con 800 millones de euros de deuda debido a una malversación sistemática de fondos por parte de algunos administradores, y había tenido que declararse en quiebra en 2012. Recién en 2015, la Secretaría de Estado del Vaticano adquirió el hospital, sacándolo de la quiebra administrada por el estado italiano, a través de una asociación con fines de lucro con la orden religiosa propietaria y administradora del hospital.
Pero también está el caso más reciente del Hospital Fatebenefratelli en la Isla Tiberina, que corre el riesgo de ser vendido por otra crisis financiera. Sin hablar del caso de los Camilianos, orden que gestiona 114 hospitales en el mundo, fundada por San Camilo de Lellis en el siglo XVI con la tarea específica de “dar un servicio completo a la persona enferma” y “ser una escuela de caridad para quienes comparten la tarea de asistencia a los enfermos”. Precisamente en el control de un hospital, el de Santa Maria della Pietà en Casoria, cerca de Nápoles, tuvo lugar una historia que llevó en 2012 a la detención del superior de los camilianos, el padre Renato Salvatore, condenado a tres años de prisión en 2019.
Son datos que no quieren demostrar que hay escándalos en la Iglesia, sino que cuando las gestiones se vuelven solo administrativas y pierden de vista su carisma fundacional, junto con el carisma también pierden la capacidad de correcta administración. Y ese era el propósito de la comisión.
De hecho, la comisión fue establecida en diciembre de 2015 por el Papa Francisco, con el objetivo de “contribuir a una gestión más eficaz de las actividades y la conservación de los bienes, manteniendo y promoviendo el carisma de los fundadores”.
La nueva membresía se perfilaba con el signo de la continuidad: Monseñor Luigi Mistò, presidente del Fondo de Asistencia Sanitaria de la Santa Sede, es presidente. Monseñor Segundo Tejado Muñoz, subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, se incorporó a la comisión en sustitución de monseñor Jean-Marie Mupendawatu, secretario del Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios, ahora absorbido por el dicasterio para el Desarrollo Humano Integral.
No había sido confirmada Mariella Enoc, presidenta del Consejo de Administración del Hospital Pediátrico Bambino Gesù, propiedad de la Santa Sede, pero se había sumado a la comisión el abogado Giovanni Barbara, profesor de Derecho Comercial, quien era consultor de Mariella Enoc, y quien también había trabajado con el Bambino Gesù en el tema del pago del apartamento del Cardenal Tarcisio Bertone.
Otros nombres: Renato Balduzzi, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán y exministro de Salud en el gobierno de Monti; Fabrizio Celani, presidente nacional de la Asociación Católica de Operadores Sanitarios; Maurizio Gallo, emprendedor en el sector de la consultoría y de las relaciones institucionales y también involucrado en la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice; y Saverio Capolupo, magistrado tributario, a quien el Papa Francisco nombró el 16 de febrero de 2019 como consultor del Estado de la Ciudad del Vaticano, y en particular de las estructuras previstas por el ordenamiento jurídico del Estado en materia económica, tributaria y fiscal. Capolupo, entre otras cosas, fue llamado a presidir la Fundación Luigi Maria Monti, que gestiona el IDI, después de que la fundación hubiera estado dirigida durante un período muy breve por un hijo de la Congregación de la Inmaculada Concepción que había fundado el hospital, el padre Giuseppe Pusceddu.
Sor Annunziata Remossi, funcionaria de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, fue confirmada como secretaria de la Comisión, mientras que el P. Marco Belladelli, asistente eclesiástico de la Unión Católica de Farmacistas Italianos, fue nombrado director de la Oficina de la Comisión, “con derecho a participar, con voz y voto, en las actividades de la misma”.
Todos nombres que estaban para testimoniar cómo el trabajo de la Comisión debería proseguir, y proseguir con expertos.
Hay varias hipótesis por las que la comisión no esté incluida en el Anuario Pontificio, todas especulaciones, después de todo.
La primera hipótesis es que, al ser una comisión activa hasta que el Papa decida lo contrario, no se considera un órgano de la Curia en todos los aspectos, a pesar de que los Estatutos digan lo contrario.
La segunda hipótesis es que no se quiere publicitar demasiado el trabajo de la comisión, considerando que debe intervenir en situaciones particularmente difíciles y complejas.
La tercera es que la comisión no se considera activa porque las reuniones casi no han tenido lugar, mientras que casos espinosos como los del IDI se han resuelto dentro de los “grandes dicasterios”, y desde luego no reuniendo a la comisión.
Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué tal órgano no está presente en el anuario pontificio 2020.
