Tuesday, February 16, 2021

Otro día, otro motu proprio


Ya hemos perdido la cuenta de cuántos motu proprio ha emitido Francisco en ocho años y, como solemos decir sobre este tipo de documentos, poca sinodalidad demuestran porque, como lo indica su nombre, se emiten por iniciativa propia de quien lo firma, sin contar para nada con nadie.

En esta ocasión, sin ningún nombre específico, y menos en latín, su título es “Carta apostólica en forma de Motu Proprio del Sumo Pontífice Francisco que establece modificaciones en materia de justicia, 8 de febrero de 2021”, y parece haber sido preparada muy rapidamente, o tal vez sin mucha preparación, al punto que no existe sino el texto original en italiano y no les dio tiempo de preparar ninguna traducción (si tiene curiosidad, puede revisar este enlace, al momento de escribir estas líneas vacío, para ver cuándo aparece la traducción al español).

Este es un despacho de agencia ANSA, Feb-16-2021.

(ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO 16 FEB - La justicia penal del Vaticano se actualiza y "remodula" sus normas para adecuarse a las necesidades de hoy, con el objetivo de una pena tendiente a la recuperación del condenado.

Así lo prevé el "motu proprio" del papa Francisco promulgado hoy, que establece "modificaciones en materia de justicia" en la legislación del pequeño Estado.

Entre las modificaciones hay reducciones de pena, posibilidad de pactar un plan de trabajos de utilidad pública y actividad de voluntariado, suspensión del debate en caso de "legítimo impedimento" de parte del imputado.

"Siguiendo en el proceso de continua actualización dictada por las cambiadas sensibilidades de los tiempos", el papa establece tres nuevos artículos de ley, modificando e integrando normas del Código Penal, del Procesal y de la ley n. CCCLI sobre el ordenamiento judicial de la Ciudad del Vaticano.

El primero introduce un descuento de pena de 45 a 120 días por cada año de pena restrictiva ya cumplida al condenado que "haya tenido una conducta tal como para hacer presumir su arrepentimiento, y haya participado provechosamente en el programa de tratamiento y reinserción".

En el momento en que la pena se vuelve ejecutiva, el condenado elabora -de acuerdo con el juez- "un programa de tratamiento y reinserción con las indicaciones de compromisos específicos que asume también con el fin de elidir o atenuar las consecuencias del delito, considerando para tal fin el resarcimiento del daño, las conductas reparatorias y las restituciones".

El condenado puede proponer "el desempeño de trabajos de utilidad pública, actividades de voluntariado de relieve social y conductas tendientes a promover, cuando sea posible, la mediación con la persona ofendida".

La legislación precedente no preveía nada de todo esto. El segundo artículo, en clave garantista, suprime el "proceso en contumacia" que aún estaba presente en el código vaticano: en el caso de que el imputado no se hubiera presentado, el juicio se daba sobre la base de la documentación reunida sin la admisión de testigos de la defensa.

Ahora en cambio, si el imputado se niega a asistir a la audiencia sin que se demuestra un impedimento legítimo, se procede con el proceso normal, considerándolo representado por su defensor.

Si en cambio el imputado no se presenta a la audiencia y se demuestra la imposibilidad de comparecer "por legítimo y grave impedimento, o bien si por incapacidad mental no puede encargarse de su defensa", el tribunal o el juez único debe suspender el debate.

El tercer artículo introduce, entre otras cosas, una modificación importante sobre el segundo y tercer grado de juicio, estableciendo que "la oficina del promotor de justicia ejerce con autonomía e independencia, en los tres grados de juicio, las funciones de fiscalía y las otras que le asigna la ley".

Hasta ahora se preveía que en caso de recurso en apelación y luego en casación, la fiscalía estuviera representada por un magistrado distinto al que la había llevado a cabo en el primer proceso, con un encargo expreso para los juicios de segundo y tercer grado.

Ahora en cambio se establece que también en apelación y en Casación, como ya ocurre en el primer grado, las funciones de la fiscalía pueden ser desempeñadas por un magistrado de la oficina del promotor de justicia, designado por el propio promotor.

Será distinto, obviamente, el colegio llamado a juzgar.

"Una normativa -explicó el sitio de la Santa Sede, Vatican News- que tiende a acelerar los procedimientos, dado que de ahora en adelante será la misma oficina que sostuvo la acusación de primera instancia aquella que la sostenga también en las otras eventuales instancias del juicio".