Este es un artículo de El País, Nov-20-2019. En su edición para América, el periódico lo ha incluido en la primera página.
La Iglesia afronta en Latinoamérica una nueva oleada de denuncias de abusos
Mil acusaciones en cuatro países rompen el tabú, según un informe global de casos
ÍÑIGO DOMÍNGUEZ, Madrid
La Iglesia católica de Latinoamérica ya es la protagonista de la “tercera oleada” de casos de abusos de menores, tras la primera que se desató en 2002 en Estados Unidos, y la que siguió en Europa y Oceanía. Esa es la conclusión de la ONG británica Child Rights International Network (CRIN), de referencia en la defensa de los derechos de los niños, en un informe de 70 páginas que hace público hoy, en su página crin.org.
Es el primer estudio global del fenómeno en los 18 países de habla hispana del continente, más Brasil, que radiografía la situación en número de casos, legislación y respuesta de las instituciones. “El resultado más evidente es establecer la realidad de la escasez de datos, crear un punto de partida para que la Iglesia y los Gobiernos empiecen a investigarlo. Sigue siendo un tabú, ha habido menos cobertura de los medios y falta una conversación pública sobre el tema”, resume Víctor Sande-Aneiros, uno de los investigadores.
Cuatro países son la punta de lanza en la ruptura del silencio: México (al menos 550 denuncias), Chile (243), Argentina (129) y Colombia (137). Entre los cuatro suman más de un millar de denuncias. Por el contrario, hay otros donde el problema oficialmente aún no existe, como Cuba, Ecuador, Honduras, y el más llamativo, Brasil, el mayor país católico de la región. En este caso concreto, no obstante, existe una referencia en la que nunca se ha profundizado: según recuerda el estudio, un informe interno del Vaticano en 2005 calculaba que uno de cada diez sacerdotes brasileños estaba implicado en casos de abusos, es decir, 1.700 curas.
CRIN publicó en 2014 otra investigación sobre abusos en la Iglesia a nivel mundial, y ya determinó que América Latina era una de las principales regiones a las que eran enviados los sacerdotes acusados de agresiones desde Norteamérica y Europa. “Además, el número de denuncias era muy bajo en comparación con otros países con poblaciones católicas mucho más pequeñas, entonces quisimos centrarnos en una región donde todavía no se había producido un destape de revelaciones”, explica.
La primera constatación es el secretismo y la falta de transparencia que aún impera. Argentina, donde empezaron las denuncias en 2017, y Chile, en 2018, son los países de referencia. También es donde las víctimas se han organizado mejor y son más activas. Chile es el primer país de América Latina donde se ha pedido una comisión de investigación independiente, siguiendo el modelo de Australia o Irlanda. “En Argentina la Iglesia aparenta preocupación por las víctimas y dictaron protocolos de actuación y documentos, pero son medidas que responden al solo objetivo de seguir blindando la institución”, subraya Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. Aún así, asegura que “la justicia está dando respuestas”.
En otros países, como México, Guatemala (12 curas acusados) y Uruguay (44 denuncias que implican a 40 sacerdotes) ha sido la propia Iglesia quien ha dado datos, “pero oculta sistemáticamente la identidad de los acusados y no remite los casos a las autoridades civiles”, señala el informe.
La Iglesia en México se ha visto forzada por los últimos escándalos a tener gestos, como revelar que 157 sacerdotes han sido suspendidos en los últimos nueve años y 101 han sido procesados ante la justicia eclesiástica. “Le interesa mucho cuidar su imagen. Sacan un número, pero no se sabe nada de ellos, no son localizables”, reprocha el exsacerdote Alberto Athié, referente en la lucha contra la pederastia. “Aún hay mucho por hacer”, señala tras asegurar que es necesario “romper el pacto” de la Iglesia con las autoridades civiles.
Tácticas de encubrimiento
La ONG BishopAccountability.org explica en el informe que los factores que han llevado a una difusión significativa del escándalo en otras partes del mundo, como las denuncias masivas de víctimas, la investigación por parte de la Fiscalía o comisiones gubernamentales, aún no se han puesto en marcha en América Latina.
En Colombia, el periodista Juan Pablo Barrientos, autor de un libro sobre el fenómeno, asegura que las cifras de casos de pederastia son mayores que las oficiales: “Mi investigación, basada en decenas de denuncias a las que he tenido acceso y después de descubrir la figura del Archivo secreto, contradice esos números”.
El informe enumera las principales tácticas de encubrimiento que está usando la Iglesia: trasladar al acusado, culpar a las víctimas y a sus familias, y pagos secretos por su silencio. Mención aparte merecen los intentos de acallar a la prensa, como ocurrió en 2016 con el periódico paraguayo La Nación, que interrumpió una serie de reportajes por presiones del nuncio.
En cuanto a la respuesta legal, ha habido una reacción positiva al derogar la prescripción en seis países: Nicaragua, México, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile. El caso más asombroso se da en Venezuela y algunos Estados de México, donde no es posible acusar a alguien de varios delitos sexuales si contrae matrimonio con la víctima.
Con información de Mar Centenera, Georgina Zerega y Catalina Oquendo.
